Corral va a controversia constitucional contra uso político de recursos federales

*Incumplimiento de Hacienda de

Gobernador de Chihuahua, Javier Corral

cuatro convenios merma capacidades al Gobierno estatal, indica
El Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, informó que promoverá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se analice el uso del presupuesto público como mecanismo de control del Gobierno Federal hacia los estados o para impedir que éstos combatan la corrupción política.
Al ampliar su denuncia pública respecto al castigo económico que está imponiendo el Gobierno Federal a Chihuahua, en respuesta a la investigación de la red de corrupción política que con el exgobernador César Duarte alcanzó niveles nacionales.
En total son 780 millones de pesos los que no han sido transferidos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a Chihuahua, pese a ya estar convenidos desde el 14 de diciembre de 2017, con el monto mayor (700 millones) correspondiente a un fondo de saneamiento financiero que sólo ha carecido de disponibilidad para esta entidad.
“Puedo ya anunciar en este momento que vamos a interponer una controversia constitucional en contra de esta discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda para incumplir unilateralmente un contrato, un convenio con una entidad federativa, porque es muy grave lo que está sucediendo; ellos no pueden unilateralmente decir ‘no cumplo’”, dijo.
Javier Corral señaló que ejercerá acciones legales y le tomará la palabra al Presidente Enrique Peña Nieto, quien respondió ante la denuncia pública que en todo caso, el gobernador de Chihuahua debería acudir ante las instancias correspondientes.
Explicó que el incumplimiento de la SHCP en los cuatro convenios debidamente firmados, merma las capacidades, competencias y facultades del Gobierno del Estado para la consecución de sus objetivos y el cumplimiento de su tarea constitucional.
Dijo que se quiere seguir en el tema de la controversia constitucional a un punto que es todavía más importante: “No solamente este mecanismo de control político que usa la Secretaría de Hacienda a través de una discrecionalidad como ésta de cumplir o no un convenio para tratar de controlar políticamente a los gobernadores, sino como un instrumento muy delicado que se puede convertir esta discrecionalidad de cumplimiento o no para impedir el ejercicio de combate a la corrupción política en un estado”.
“Esto es –agregó– que desde esta posición de ‘no te deposito y no te cumplo y hazle como quieras’ se impida que un estado de la República ejerza las facultades constitucionales y legales en el combate a la corrupción y a la impunidad, que está en el fondo de la posición del Secretario de Hacienda en este incumplimiento”.
Consideró también que una acción así no se realiza sin la autorización del Presidente de la República.
Informó que se cuenta ya con un grupo de abogados que encabezará Paulo Díez Gargari.